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Por Fernando Travieso
Venezuela es una economía petrolera: las ventas del hidrocarburo líquido representan 96% de las divisas que ingresan al país, manejadas por el Estado venezolano por medio de los diferentes mecanismos de captación de la renta petrolera.
Por ello es el Estado el encargado de suministrar las divisas que requiere la República para sus transacciones con el exterior en aquellos rubros que necesita pero no produce.
Desde que asumió la Revolución Bolivariana -y de manera incremental- el Estado ha dedicado un porcentaje importante del ingreso petrolero, calculado en 550 mil millones de dólares, a la inversión social, cantidad que hubiese salido del país bajo la IV República, cuando la capacidad de captar esa renta se minimizó.
El Estado para el manejo de importaciones y demás necesidades proporciona 95% de las divisas que demanda la economía por medio de Cadivi, y gran parte del restante con el Sicad, quedando un pequeño remanente marginal, en el que el Estado no interviene.
Es decir, por ser actualmente ilegal no coloca divisas, por lo que la paridad cambiaria no representa su valor real, ni por el tamaño del mercado ni por la ausencia del Estado, que controla las divisas que ingresan.
Gran cantidad de actores económicos se han dado a la tarea de colocar el valor de los bienes que transan en la economía según la paridad del marcado paralelo, afectando el desenvolvimiento económico y la propia rotación de los bienes que comercializan.
A ello súmele la escasez de productos para los cuales se han otorgado divisas, y que la gran cantidad de las veces no se venden al valor de la divisa otorgada.
No de manera ingenua esos actores económicos buscan afectar la credibilidad de las políticas gubernamentales y generar desestabilización.
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