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JOSÉ VICENTE RANGEL
La corrupción, de larga data en el país, se acrecienta con el correr del tiempo y alcanza manifestaciones cada vez más sofisticadas y agresivas.El presidente Maduro está claro acerca de lo que hay que hacer.
1 La corrupción, de larga data en el país, se acrecienta con el correr del tiempo y alcanza manifestaciones cada vez más sofisticadas y agresivas. Hoy es tema prioritario -por suerte-. Las encuestas lo confirman y la preocupación de los ciudadanos lo ratifica. Estamos viviendo una especie de emergencia con desarrollos impredecibles. Porque el riesgo consiste en que si al letal fenómeno no se le da respuesta oportuna, el caos se impondrá. Llegó el momento de actuar a fondo. El fenómeno, que cobró inusitada virulencia durante la IV República, convirtió a la institucionalidad democrática en escenario de la inmoralidad y facilitó la comisión de todo tipo de delito contra la cosa pública. Transformó a la democracia en cleptocracia, es decir, en gobierno de ladrones. Entronizó lo que algunos llaman «robar por impulso». Tal situación no cambia por el mero reemplazo de un gobierno por otro, así el que sustituya al anterior actúe de manera diferente. La raíz del mal es profunda, y para erradicarla hace falta un accionar de carácter ético, legal, político, implacable que siempre tropieza con múltiples obstáculos. Desde los que son propios de la condición humana hasta los antivalores del sistema, mensajes alienantes y estímulos del consumismo. Estoy convencido de que en la realidad nacional anidan factores perversos: grupos poderosos que promueven el delito; violación deliberada de la ley; impunidad; nexos de políticos con grandes grupos económicos; importación de modelos desde países vecinos que borraron los límites entre lo legal y lo ilegal; la complicidad como caldo de cultivo, y, en fin, la tupida red que inhabilita al Estado para cumplir sus funciones y enerva a la sociedad. En concreto, un poder subrepticio que pasa a controlarlo todo y acaba con la capacidad de respuesta de las instituciones. Ante esta emergencia se impone una respuesta rotunda, inequívoca, que solo puede darla un gobierno dispuesto a correr riesgos para rescatar los atributos conductores del Estado y la normativa pautada en la Constitución y leyes de la República. En otras palabras: que al desafío de facto planteado por el delito, al poder alterno que se gestó durante años amparado en la impunidad, hay que responder con una declaratoria de emergencia del Estado de derecho que consagra la Constitución.
2 El presidente Maduro está claro acerca de lo que hay que hacer. Al reivindicar el legado de Chávez en esta materia no solo es fiel al líder del proceso bolivariano, sino a la necesidad de darle un corte certero a la corrupción e impedir el colapso de la República. Ir a un debate nacional para determinar responsabilidades, arbitrar recursos legales y políticos, la efectiva participación popular y el control social, es hacer lo que hasta ahora no se ha hecho. Es la reacción democrática, ajustada a derecho, para penetrar las guaridas de quienes reúnen la doble condición de políticos y delincuentes. La emergencia para dotar de plenos poderes al Estado para combatir la emergencia de los choros que lo desafían hay que asumirla sin vacilaciones. Convirtiendo el desafío en opción de vida o muerte para la mayoría de venezolanos honestos, como lo demuestra la reacción favorable al planteamiento del jefe de Estado. No hay que vacilar. Hay que actuar ya.
jvrangelv@yahoo.es
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